Proyecto de Reglamento orgánico de la oficina municipal contra el fraude y la corrupción

Ante la publicación del Proyecto de Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, desde UGT tenemos la responsabilidad ante los trabajadores y trabajadoras municipales de exponer nuestra opinión sobre este nuevo Reglamento:

  • Esta oficina está pensada, desde un primer momento, para prevenir y erradicar el fraude y la corrupción dentro del Ayuntamiento. Para ello, estará compuesta por un Director, un Consejo Asesor, y una serie de Vocales. Todo el personal será ajeno a la Corporación. Se presupone su objetividad y su competencia profesional, sin que tengan que pasar ningún tipo de proceso selectivo. Se tratará de personal nombrado “a dedo”, lo cual no deja de ser incoherente con la política de transparencia pregonada por esta Corporación.
  • Se permiten las denuncias anónimas, de cualquier ciudadano y ciudadana (así como también de cualquier trabajador/a), lo que puede implicar o potenciar venganzas, revanchismos, …. pero sobre todo, colapsar un servicio con denuncias falsas.
  • Se prevé la posibilidad de continuar la inspección procedente de una denuncia, una vez que la autoridad judicial haya declarado el archivo o sobreseimiento de un caso. Desde esta central sindical entendemos que, una vez que se haya pasado por una inspección judicial, sea cual sea el resultado de la misma, el tema debería quedar zanjado.
  • Otro de los trabajos de la Oficina es analizar la información que distribuyan los medios de comunicación y que esté relacionada con el desarrollo de sus funciones. ¿Analizar?, ¿con qué fin?.
  • También se da potestad al Director de la Oficina para suspender el carácter confidencial de las actuaciones, en los casos que considere oportuno. Y nos preguntamos: ¿hasta qué punto este Director tiene competencia para “saltarse a la torera” la Ley de Protección de Datos y el Derecho a la Intimidad y al Honor?.

Desde UGT vamos a hacer todo lo posible por impedir la inquisición ilógica y desproporcionada contra los empleados y empleadas municipales.

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